Tortura, impunidad y muerte en Venezuela

La tortura es abominable, detestable, miserable, asquerosa. Es sinónimo de bajeza, cobardía, indignidad, crueldad y ausencia de la más mínima dosis de humanidad. Tan torturador es quien la aplica físicamente como quien la ordena, la planifica y la sugiere. E incluso es torturador en potencia quien la disimula, la justifica o la relativiza.

El alma del torturador debe ser una mezcla de vomitivos ingredientes, que se conjugan para hacer aflorar la bestialidad que lleva a infligir sufrimiento a un detenido para que confiese, delate, acuse o asuma la autoría de un hecho que constituya delitos. 

Si el detenido es culpable o no de lo que se le achaca eso puede pasar a un segundo plano, porque lo importante es que a partir de las declaraciones obtenidas a punta de palo, electricidad, asfixia u otras formas de salvaje coacción se puede armar un mapa verdadero o simulado de grupos conspirativos o bandas delictivas.

Cada vez es más difícil ocultar que en Venezuela la tortura es una práctica cotidiana. Y el caso del capitán de navío Rafael Acosta Arévalo, asesinado por torturadores de los cuerpos de seguridad del Estado, confirma lo que ya no es un secreto sino una tenebrosa realidad.

Se muere a causa de los maltratos físicos recibidos, luego de permanecer incomunicado desde su detención, y antes de su audiencia de presentación, según una de las varias versiones que han surgido de voceros oficiales. ¿Es un crimen de Estado? ¿Cabe otra denominación? Estaba bajo custodia de funcionarios de seguridad del Estado y no hubo un fiscal, ni civil ni militar, y menos un funcionario de la parapléjica Defensoría del Pueblo que saliera en defensa del derecho a la vida de este oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

El gran aliado del torturador, y quizás muchas veces se trata de la misma persona, es quien ordena la incomunicación de un detenido. Incomunicar es el paso previo para dejar el camino libre a la tarea del esbirro que le cae a palos a un detenido, que le pega el cable en sus genitales o, si prefiere, que le arranca las uñas.

Me perdonan la crudeza, pero hay que ponerse en el pellejo de un torturado aunque sea un minuto. Mi padre fue torturado en varias oportunidades, y el solo hecho de recordar que él pasó, junto a innumerables venezolanos, por
ese tipo de tratos crueles y degradantes me obliga a alzar mi voz ante la terrible realidad de saber que hoy vivimos episodios que supuestamente eran patrimonio exclusivo del gomecismo, el perezjimenismo y la llamada cuarta República.

Decía que la incomunicación es el paso previo para abrir camino a la tortura. Tal vez debo corregir esa afirmación, y asegurar que ya la incomunicación es en sí una forma de tortura, para el detenido y para su familia. He sabido de casos terribles de detenidos en la policía política que han pasado meses sin ver a su familia ni a sus abogados.

También es tortura negar atención médica a un preso que la requiera, e incluso someterlo a encierros prolongados, sin acceso siquiera a un rayito  de sol. Aquí en Venezuela hay material suficiente para hablar de ese tema. Lo que pasa es que algunos viejos amigos y compañeros de otrora militancia prefieren hablar de la tortura que sufrieron en sus tiempos de perseguidos, antes de que Chávez llegara al poder, y optan por  negar la realidad o ignorarla antes que admitir que  el gobierno que apoyan o del cual forman parte terminó haciendo cosas iguales o peores.

La impunidad es otra aliada del torturador. En el caso del capitán asesinado por agentes de seguridad del Estado, seguramente habrá algunos detenidos. Porque el escándalo generado dentro y fuera de la institución castrense no permitirá otra cosa.

Sin embargo, no hay garantías en Venezuela para la plena vigencia de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna de 1999 y en los tratados
suscritos por la nación.

No hay manera de generar investigaciones independientes y realmente autónomas que permitan ir a la médula de esta asqueante realidad. Bajo el argumento de que se trata de “casos aislados” se busca esconder la basura bajo la alfombra. Pero ya se ve el bojote. ¿Cuántos presos de los que permanecen incomunicados estarán recibiendo su “dosis de patria” mientras usted lee estas líneas? No hay diferencia en la catadura de quienes torturan y asesinan en este tiempo y la de los asesinos de Alberto Lovera, Noel Rodríguez o JorgeRodríguez padre. ¿Quién responde hoy, a esta fecha,  por los abusos y atropellos cometidos por los cuerpos de seguridad?

O le perdemos el miedo a poner el dedo en la llaga sobre esta situación o tenemos que acostumbrarnos a asumir la tortura, e incluso la muerte, como algo natural que puede ocurrirle  a todo aquel que resulte detenido. El asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo obliga a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, a mantener la lupa puesta sobre lo que ocurre en nuestro país, y a un firme reclamo al gobierno de Nicolás Maduro.

Ya que la Defensoría del Pueblo es una trinchera oficialista, los funcionarios de la Alta Comisionada tendrán mucho trabajo una vez que se instalen aquí, si finalmente los dejan.

Por último, apelo a quienes, aun dentro del chavismo gobernante, no convalidan esas prácticas y lo murmuran en voz baja. Desembuchen su indignación en alta voz. El país, sus propios compañeros, sus hijos, se lo van a agradecer.

Nadie está a salvo de caer en manos de un torturador, ni siquiera quienes dicen que las denuncias de torturas son “puros cuentos de los enemigos de la patria”.

Es más, cuando el Estado de Derecho brilla por su ausencia, los victimarios pueden terminar  probando  de su propia medicina, sin que nadie los defienda. Eso suele pasar cuando la venganza se disfraza de justicia.

Tiempos de Cambio

Vladimir Villegas

30 de Junio de 2019